NOTICIAS DE LA GUERRA:::Abogado de terroristas
Los que en su currículum menciona como “presos políticos” fueron en realidad terroristas, muchos de ellos procesados y condenados por la Cámara Federal (“El Camarón”; ver B1 N° 4), por secuestros, robos y asesinatos perpetrados en el país a fines de la década del 60 y principios de los 70. Duhalde fue abogado defensor de varios de los líderes terroristas que protagonizaron la fuga del penal de Rawson, en 1972; hecho durante el cual Ana María Villareal de Santucho, esposa del jefe máximo del “erp”, remató de un tiro en la cabeza al Ayudante de Segunda Juan Gregorio Valenzuela, del Servicio Penitenciario, que había sido herido al comienzo de la fuga.

Foto: los terroristas “de superficie” Eduardo Luis Duhalde y Gustavo Roca (de trajes), en 1972, en Chile,

junto a los también terroristas Marcos Osatinsky y Roberto Quieto.

Los dos últimos habían fugado recientemente –junto a otros cabecillas de las bandas terroristas-

del penal de Rawson, adonde estaban cumpliendo condena o esperando proceso

por sus actividades delictivas en Argentina. En un avión secuestrado, huyeron al Chile de Allende,

refugio seguro para los “revolucionarios” marxistas de la época (revista Gente, 1976).

Exiliado a fines de 1976 en España, Duhalde fue uno de los organizadores de la “denuncia internacional contra el terrorismo de Estado en la Argentina”, campaña financiada por las bandas terroristas e implementada a través de sus integrantes que se fueron del país cuando las fuerzas legales les permitieron optar entre permanecer detenidos o partir al exilio. (Ver B1, Nº 3)

En su libro "El Estado terrorista argentino", Duhalde intenta demostrar la validez del concepto “terrorismo de estado”, inexistente para la ley y la jurisprudencia, pero muy bien explotado por el terrorismo y sus propagandistas. Dice ahí este defensor de “jóvenes idealistas”: "…La Filosofía del terrorismo de estado se enuncia partiendo de supuestos que contradicen las bases fundamentales del Estado democrático-burgués, sosteniendo que el principio de sujeción a la ley, la publicidad de los actos y el control judicial de los mismos incapacitan definitivamente al estado para la defensa de los intereses de la sociedad. Razón por la cual se afirma que es imprescindible apelar a medios “no convencionales” y violentos para luchar eficazmente contra el terrorismo y la subversión. “Nadie puede ampararse en los derechos y las leyes para violarlas”, se dice, y en consecuencia, “no puede haber protección de la ley para los que están al margen de la ley”´(.) aparece (...) la necesidad de estructuración de actividades ilegales y clandestinas, y de utilizar el terror como método."