" EL DESARME QUE SE VIENE SOBRE LA POLICIA "...Luego que esto suceda todo se habrá cumplido...

La gran incógnita del desarme

02/01/2011 

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La gran incógnita del desarme

El País, ausente del cambio presidencial de nuestro vecino más importante. Controlada por Verbitsky, Zannini, Parrilli y otros, la Presidente no aplica autoridad ni define los pasos por seguir. Ahora quieren limitar la capacidad armamentística de la Policía Bonaerense, lo que incrementará el delito, también consecuencia de la prevaricación en la justicia. Un severo problema para Scioli. Pueden darse cambios ministeriales.

Por Carlos Manuel Acuña para el Informador Público

A lo largo de su trayectoria, Nilda Garré cumplió a la perfección el cometido de clausurar la capacidad militar del país. Minuciosamente, la ministro de Defensa abarcó en este proyecto, que ya se cumplió tanto en el aspecto material como en la moral de las Fuerzas -tal vez el factor más importante-, un aspecto que todavía no ha concluido y que está llamado a generar consecuencias graves y profundas dentro de un plazo relativamente breve. Las sentencias a militares, hombres de las Fuerzas de Seguridad y policías tienen un contenido que va más allá de la formalidad persecutoria y la dosis de venganza que entrañan. La medida que pasa por los tribunales posee, además, otros componentes, en los que es necesario reparar para entender lo que sucede y encarar el futuro que inevitablemente se presentará. Si decimos esto, es porque las sentencias arbitrarias y contrarias a derecho tienen como finalidad subterránea suprimir toda una generación militar y de uniformados que estuvieron dispuestos a ofrendar sus vidas, a arriesgarse y combatir contra organizaciones montadas en torno de una ideología determinada. Si bien el escenario se ha modificado con la desaparición del mundo bipolar y el fracaso estruendoso del comunismo, aún restan ideólogos que entienden que es posible avanzar políticamente debajo del paraguas de la izquierda para hacerse del poder y poder manejarlo sin mayores controles: los actuales serán removidos y esto comprende tanto a los hombres como a las leyes y estructuras que aún permanecen vigentes pero que, progresivamente, son degradadas hasta generar el acostumbramiento y, con ello, la aceptación de lo incorrecto. Lo más evidente de este aspecto del problema es lo que sucede con los juicios que hemos mencionado, donde jueces y fiscales que saben muy bien el alcance de las normas no han dudado en ingresar en el mundo de la prevaricación, del acomodamiento de los falsos testigos para darle una apariencia de legalidad a lo que sucede y, finalmente, dictar sentencias que alcanzan a la cadena perpetua, aunque en su intimidad saben que se trata de “sentencias políticas”, es decir, injustas.

Estos funcionarios judiciales saben que corren el riesgo de que en el futuro este comportamiento se vuelva contra ellos mismos si llegaran a modificarse las condiciones políticas, pero lo que es más grave es que aquellos que son más inteligentes e incluso resisten calladamente la doctrina que impulsa el ministro de la Corte Suprema, Zaffaroni, en el sentido de que no existe el derecho penal -hablamos en términos simples para que el tema sea comprendido por todos- crea una situación proclive al cometido de delitos de distinta naturaleza y, entre otras, es una razón del crecimiento delictual pero, sobre todo, de la violencia innecesaria que se registra en determinados hechos que es innecesario recordar. Más aún, la doctrina que se difunde en el sentido de que el delincuente no es culpable por su conducta antisocial, sino que es la misma sociedad la que lo lleva a actuar como lo hace, es un componente que circula por los vericuetos que componen los caminos generadores de los crímenes más diversos y más horribles. Es necesario y conveniente que la ciudadanía comprenda lo que sucintamente dejamos expuesto sobre este aspecto de la realidad argentina, aspecto todavía asentado especialmente en los ámbitos urbanos pero que, inevitablemente, ha comenzado a extenderse hacia los terrenos rurales para formar parte de las inquietudes cotidianas.

Por cierto, este esquema vigente viene de lejos y se puso en marcha durante la presidencia de Raúl Ricardo Alfonsín; avanzó lento pero seguro durante las administraciones posteriores, que no sólo ratificaron sino que ampliaron la política de desarme militar y de persecución a quienes derrotaron al terrorismo setentista; se respaldó mediáticamente a los jueces que participaron de las primeras condenas -jueces que incluso fueron homenajeados recientemente por el gobierno metropolitano de Mauricio Macri, quien parece no haber entendido este verdadero problema- y finalmente se dispuso desarmar a la Policía Federal de manera inicialmente disimulada, como lo es la medida inicial de enfrentar sin armas a las manifestaciones que se multiplican. Por falta de espacio -esa vieja tiranía que enfrenta a los periodistas- no vamos a entrar en los detalles de lo que ya es un conflicto regional pero sí vamos a referirnos nuevamente al crecimiento del delito, alimentado por la quiebra jurídica que se expresa en los juicios que comentamos más arriba, su clara y firme incidencia en nuestra alterada sociedad y al impulso que significa el desarme policial que comentamos brevemente.

Ahora vamos a referirnos a la continuidad de este proceso encomendado a Nilda Garré y que está referido al control armamentístico que se prepara para con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mientras se planifican cambios ministeriales de envergadura, pues también abarcan al ámbito de la Justicia. Es lógico que se quiera encarar un proceso que tenga en la mira la corrección de las corruptelas, pero no que se comience por reducir la ya acotada posibilidad de utilizar armas y municiones en buen estado, un tema de relevancia por la peligrosidad que existe en determinadas zonas urbanas e incluso rurales. Esto último y entre otras cosas, por el traslado de habitantes de determinadas villas de emergencia capitalinas y del conurbano que, para descomprimirlas, se enviaron a la periferia de determinadas ciudades bonaerenses, donde ya han comenzado a surgir los clásicos problemas.

Pero un desarme de la Bonaerense, aunque sea parcial, le generará un inevitable problema al gobernador Daniel Scioli, tironeado por distintos sectores del oficialismo que resisten o apoyan, según los casos, su eventual candidatura presidencial. Como es obvio, esto genera problemas de distinta intensidad en el seno del peronismo y en el tejido de eventuales acuerdos políticos que cuesta mucho -digamos que demasiado- formalizar con la reserva del caso.

Todos estos componentes confluyen en un escenario cada vez más confuso y fiel reflejo de la falta de autoridad y conducción. Quien hoy puede ser candidato para un puesto, mañana puede serlo para otro y así sucesivamente. Lo único cierto es que Cristina Fernández está emocionalmente inestable pero controlada por el ala más ideologizada del oficialismo. Horacio Verbitsky, Carlos Zannini, Parrilli y otras figuras de la izquierda se entretienen en afirmar este control pero son incapaces de encarar otros problemas de importancia que se complican día a día y entre ellos podemos citar algo que ya comentamos: la ausencia de Cristina de la ceremonia del cambio presidencial en el Brasil, nuestro vecino más importante por múltiples razones. No sabemos cómo lo explicará Timerman -en realidad poco importa- pero el hecho es que en su discurso de asunción, Dilma Rousseff, la nueva presidente, no mencionó ninguna vez a la República Argentina.

Por Alexis Di Capo para el Informador Público

Daniel Scioli sufre una silenciosa escalada de presiones para que acople su política de seguridad a la que desarrolla Nilda Garré desde el Ministerio de Seguridad. En los mandos de la Policía Bonaerense empezaron a correr inquietantes versiones en los últimos días acerca de la intención del tándem Garré-Verbistky de impulsar una purga de oficiales políticamente no confiables o, en otras palabras, ideológicamente sospechosos. Como las decisiones debe tomarlas Scioli, ya que la Casa Rosada nada puede decidir en relación a la Bonaerense, las presiones sobre aquél irían en aumento. El problema, tal como lo plantea Garré, es simple. Las nuevas medidas que se están tomando para controlar a la Policía Federal deben tener su correlato bonaerense. Si esto no ocurre, la nueva política de seguridad quedaría desautorizada. Pero el gobernador, sin caer en la desobediencia pública, trataría de hacerse el distraído en todo lo posible, porque en el fondo estaría convencido de que la ministro va camino al precipicio. En las últimas horas, la presión se centralizó en la exigencia de que la Bonaerense se desarme en el mismo nivel que la Federal. Esta nota lo explica:

Informe Reservado.- “El gobernador Daniel Scioli afirmó que frente a la toma de predios o cortes de rutas “vamos a actuar dentro de la ley y el orden” y no descartó la posibilidad de que, en algunos casos de protestas sociales, la Policía bonaerense actúe desarmada. De esa manera, Scioli fijó posición sobre situaciones que han derivado en situaciones de extrema violencia en las últimas semanas, así como sobre la decisión de la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, de enviar desarmada a la Policía Federal a disuadir las protestas. “Nosotros respetamos el derecho a la circulación, respetamos el derecho a la protesta pero con la ley en la mano y con una racionalidad y un equilibrio que siempre buscamos”, dijo el Gobernador en una conferencia de prensa. Y en ese sentido señaló que “en los casos de desalojo que pueden haberse dado situaciones en donde hay una orden judicial, la Policía conjuntamente con el ministerio de Desarrollo Social van buscando los mecanismos que descompriman los conflictos y normalizar la situación. Esto es lo que tenemos que ir haciendo”.

“Cuando se corten rutas, cuando se infrinja la ley, vamos a actuar dentro de lo que es la ley y el orden”, indicó el mandatario, pero aclaró que “primero hay que hacer el esfuerzo (de encontrar una solución acordada), sabiendo que muchas veces las demandas son justas y se pueden colmar”.

De esa manera, Scioli fijó posición sobre situaciones que han derivado en situaciones de extrema violencia en las últimas semanas, así como sobre la decisión de la nueva ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, de enviar desarmada a la Policía Federal a disuadir las protestas.

Fue cuando se le preguntó concretamente si podría adoptarse esa misma resolución para la Policía provincial, y no la descartó. “El ministro (de Justicia y Seguridad) Casal hace la evaluación en cada caso”, dijo Scioli. “Confío en su capacidad, experiencia, él está comprometido con los valores de la seguridad ciudadana y los derechos humanos, y tiene el criterio de las instrucciones que le da a nuestra Policía”, añadió.

“Nosotros respetamos el derecho a la circulación, respetamos el derecho a la protesta pero con la ley en la mano y con una racionalidad y un equilibrio que siempre buscamos”, dijo el Gobernador en una conferencia de prensa.

Y en ese sentido señaló que “en los casos de desalojo que pueden haberse dado situaciones en donde hay una orden judicial, la Policía conjuntamente con el ministerio de Desarrollo Social van buscando los mecanismos que descompriman los conflictos y normalizar la situación. Esto es lo que tenemos que ir haciendo”.

“En una provincia que es 1.500 veces más grande en su territorio que la capital federal, si esto no lo estuviéramos haciendo así, tendríamos problemas mucho más serios. El orden y la ley no son patrimonio de algún sector o alguno que lo quiere dirimir, es algo que nos tiene que unir a todos”, añadió.

Scioli dijo además que “buscamos ir descomprimiendo estos conflictos sociales que puedan surgir cuando hay una familia desesperada en búsqueda de un lugar donde vivir. Por ello intentamos buscarles soluciones en el marco que se debe respetar a quien es el propietario”.

Por otra parte, Scioli ponderó el trabajo conjunto que realizarán los efectivos policiales con los de Gendarmería y dijo que “es una demostración más del compromiso de las administraciones con la seguridad ciudadana”.

“Hay una articulación permanente entre el ministro Casal; la ministra Garré, del jefe de la policía y de Gendarmería”, agregó Scioli, quien dijo que espera “tener resultados en este tema que le preocupa a la sociedad”.

Las afirmaciones del mandatario se produjeron pocas horas después de que el ministerio de Garré desmintiera “categóricamente” versiones respecto de la supuesta responsabilidad de efectivos policiales bonaerenses en el ataque a cuatro gendarmes ocurrido la semana pasada en Lanús.

“De ninguna forma la preocupación del ministerio de Seguridad” sobre ese ataque “puede ser leída como una imputación a la Policía bonaerense”, dijo Garré en un comunicado.
Publicado por Miguel...